En el marco de la conmemoración del 85° Aniversario del genocidio-etnocidio de 1932, en contra de los Pueblos Indígenas de El Salvador, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, quiero externar mi pesar frente al recuerdo de tan doloroso acontecimiento marcado por el rechazo y la discriminación en contra de la población originaria de El Salvador, cuando el gobierno de turno del General Maximiliano Hernández Martínez ordenó a las fuerzas militares, Fuerza Armada, Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de Hacienda, la ejecución sumaria y arbitraria de más de treinta mil indígenas por sus protestas frente a la desigualdad particularmente en cuanto a la tenencia de la tierra, lo cual provocó el exterminio casi completo de la cultura indígena en nuestro país.
Las represiones que siguieron evidenciaron también un patrón de conducta o estrategia deliberada de silenciar y aterrorizar a la población indígena restante, lo que les imposibilitó el pleno goce y ejercicio de sus derechos; como hecho a destacar en este lamentable proceso, se encuentra la captura y ejecución pública del líder indígena de Izalco Feliciano Ama, la cual se llevó a cabo como un acto tendiente a infundir miedo a la población y silenciarla en cualquier intento de reivindicación de sus derechos.
Quiero resaltar en esta fecha el esfuerzo realizado por el Estado salvadoreño, al reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas de El Salvador, a través de la reforma al artículo 63 de la Constitución, pero a la vez, recordar que con tal acción, se adquirió la obligación de adoptar las políticas públicas necesarias y sustentadas bajo un enfoque de derechos humanos, que contribuyan a desarrollar y conservar la identidad, cosmovisión, cultura, valores y espiritualidad de los pueblos indígenas; ello supone además, el compromiso de garantizar la protección y respeto de los derechos de nuestros pueblos originarios, conforme a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En ese marco, el “Plan Nacional de Pueblos Indígenas” realizado conjuntamente entre Instituciones del Estado y los Pueblos Indígenas, constituye una adecuada herramienta de protección para dicha población y es un modelo de aplicación de carácter mundial.
Por todo lo antes expuesto, en el marco de la conmemoración del 85° Aniversario del genocidio-etnocidio de 1932 y bajo un enfoque de respeto a la memoria histórica, condeno los hechos acontecidos en ese contexto y las violaciones al derecho a la vida, al acceso a la justicia y a la verdad que estos supusieron y que negaron la posibilidad de que las víctimas sobrevivientes recibieran acciones adecuadas a su favor como la reparación, restitución y garantía de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Reafirmo el compromiso institucional de dar seguimiento al proceso de firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” conforme a las recomendaciones hechas al Estado Salvadoreño por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas y en el Examen Periódico Universal EPU.
Reitero asimismo el compromiso de esta Procuraduría de verificar y dar seguimiento al desarrollo del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, con el objeto de que se dé pleno cumplimiento al reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas de El Salvador y se les garantice y proteja el libre ejercicio de sus derechos conforme a su cosmovisión y propia forma de vida.