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Concentran esfuerzos para garantizar recursos fijos para educación, erradicar actos de nepotismo y endurecer penas a conductores temerarios.

La comisión de legislación mantiene la política de alcanzar acuerdos por consenso de todos los miembros de la mesa, asimismo buscan el apoyo de instituciones especializadas para efectuar las consultar pertinentes en cuanto a los temas en estudio, para legislar de la mejor manera.

 

Los esfuerzos de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se han centrado en estudiar mociones que tienen como propósito garantizar que en el Presupuesto General de la Nación se consigne una asignación no menor al 6% del Producto Interno Bruto (PIB); se busca prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de nepotismo; fortalecer la Ley de Ética Gubernamental, y que conductores temerarios paguen gastos hospitalarios y fúnebres a víctimas de accidentes, así como el endurecimiento de penas para los mismos.

La primera moción se dirige a modificar el artículo 59 de la Carta Magna para establecer que el 6% del PIB se contemple para educación; para contener mayores argumentos para tal efecto, los parlamentarios acordaron solicitar opinión al Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Banco Central de Reserva.

Actualmente, la Constitución únicamente señala que el Órgano Judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado -artículo 172, inciso cuarto-; sin embargo, los parlamentarios consideran imperante asegurar constitucionalmente un porcentaje definido del PIB para educación.

Comprometidos con erradicar prácticas que vayan en detrimento del quehacer público, los diputados iniciaron -el 11 de marzo- el estudio del proyecto de Ley contra Nepotismo; para ello se ha elaborado una matriz comparativa entre la iniciativa presentada y las sugerencias del equipo técnico y la Unidad Ejecutiva del Sector Justicia (UTE). Paralelo a este estudio se analizará una propuesta de reforma a la Ley de Ética Gubernamental.

El proyecto de ley busca normar y promover el desempeño ético y transparente en los nombramientos y contrataciones que se realicen en la administración pública, así como prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de nepotismo. Además, la iniciativa plantea aplicabilidad a los funcionarios públicos del Órgano Legislativo, Ejecutivo y Judicial, instituciones oficiales autónomas y desconcentradas, municipalidades, los organismos públicos creados por ley y demás instituciones del Estado, sociedades de economía mixta o privadas que sean financiadas con fondos públicos o donaciones provenientes del exterior.

También, los legisladores mantienen para estudio propuestas de reforma al Código Penal con dos objetivos: penalizar con cárcel el homicidio culposo (4 a 6 años) y lesiones culposas (2 a 4 años) producto de la conducción temeraria de unidades de transporte colectivo, entre otras sanciones, y que los conductores que cometan lesiones u homicidios culposos, cubran los gastos médicos y fúnebres de otros conductores o peatones que resulten lesionados o que fallezcan, sin perjuicio de las consecuencias civiles que se deriven.

Actualmente, la normativa vigente únicamente regula el homicidio culposo, producto de la mala conducción de un vehículo, con prisión de 2 a 4 años, y por el mismo tiempo se limita el derecho a conducir y obtener la licencia respectiva; además establece que el imputado guardará prisión de 6 meses a 2 años cuando causaré lesiones culposas y se impone la pena de privación del derecho a conducir o de obtener la licencia respectiva por un término de 1 a 3 años, cuando sea requerido.

Por otra parte, los diputados estudian una iniciativa de reforma al artículo 138 del Código Procesal Penal para habilitar que audiencias se realicen sin la presencia de los imputados, siempre y cuando se garantice sus derechos a la defensa y audiencia ejercido por su defensor.

Solicitaron antejuicio contra magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz

Un dictamen favorable fue emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, atendiendo una solicitud de antejuicio en contra del segundo magistrado propietario de la Cámara Tercero de lo Civil de la primera sección del centro, Eduardo Jaime Escalante Díaz, a quien se le atribuye el ilícito de agresión sexual a menor e incapaz agravada, y se declara abierto el proceso de antejuicio en su contra.

El documento fue avalado por unanimidad de la mesa legislativa, y posteriormente fue conocido por el Pleno para aprobación y se dio paso a la conformación de una Comisión Especial de Antejuicio; tras el trabajo realizado por los parlamentarios se consideró que si existía lugar a formación de causa que debía retirar el fuero y poner al funcionario a las órdenes de los tribunales correspondientes.

 

Por: Asamblea Legislativa.

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