Comunicado de Prensa del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la Sentencia de la CIDH sobre la Desaparición Forzada del Niño José Adrián Rochac Hernández y Otros, ocurrida durante el conflicto armado en El Salvador | Periódico EL Pais
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Comunicado de Prensa del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la Sentencia de la CIDH sobre la Desaparición Forzada del Niño José Adrián Rochac Hernández y Otros, ocurrida durante el conflicto armado en El Salvador

DownloadedFileEn el marco de los denominados operativos de contrainsurgencia realizados por la

Fuerza Armada de El Salvador durante el conflicto armado, ocurrió la desaparición

de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda

Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, acaecidas en

diferentes puntos del territorio nacional, en el período comprendido entre los años

1980 a 1982; quedando en poder de elementos del Ejército, quienes dispusieron

sobre su paradero y destino.

Estos hechos, como parte de un patrón de actuación habitual del Estado durante

la guerra, constituyeron desapariciones forzadas, a las que a la fecha, se

desconoce el paradero de las citadas víctimas y la identidad de los autores

intelectuales y materiales. Esta Procuraduría a partir de su investigación de estos y

otros casos de desapariciones de niños y niñas durante la guerra civil, ha

declarado que constituyen crímenes contra la humanidad, y ha exigido

periódicamente su debida investigación fiscal y judicial, ante una marcada apatía

de las autoridades encargadas.

Particularmente en el Informe de esta institución sobre la desaparición de las

hermanitas Serrano Cruz, emitido en el año 2004, y citado por la Corte en su

sentencia, se hizo referencia a las desapariciones mencionadas en el presente

comunicado, y fue hecho del conocimiento del Fiscal General de la República,

quien en ejercicio de sus facultades debió promover la respectiva investigación

penal.

Frente a los mismos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió

sentencia el 4 de octubre de este año, declarando responsable internacionalmente

al Estado Salvadoreño por las mismas, estableciendo que las desapariciones de

las víctimas constituyen una violación múltiple y continuada de sus derechos a la

libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad

jurídica, en relación con los deberes de respeto y garantía.

Como lo ha establecido la Corte, prevalece una situación de impunidad al no

haberse satisfecho aún el derecho de los familiares a conocer la verdad, pues

tales hechos violatorios no han sido esclarecidos, ni se han determinado las

responsabilidades penales correspondientes.

Ante ello, el Procurador valora positivamente que el Estado haya realizado un

reconocimiento de responsabilidad internacional, aceptando totalmente los

hechos; que haya expresado un pedido de perdón, especialmente ante la

negación que hasta entonces había sostenido el Estado sobre la existencia de

estos; sin embargo, tal postura debe ir acompañada de un sincero esfuerzo por

erradicar la impunidad que subsiste en estas desapariciones, a partir de una plena

y decidida investigación por parte de las instancias nacionales correspondientes.

Además, de la adopción de otras medidas pertinentes y adecuadas de reparación,

como es la restitución de la identidad en caso de encontrarse con vida, garantizar

a los operadores de justicia y a la sociedad salvadoreña en general, el acceso

público, técnico y sistematizado a los archivos que contengan información útil y

relevante para la investigación de violaciones a derechos humanos ocurridas

durante el conflicto armado, brindar atención médica, sicológica o siquiátrica a las

víctimas que lo requieran, o en su caso pagar la suma establecida, y construir un

“Jardín Museo” donde recordar a las niñas y niños desaparecidos forzadamente

durante el conflicto armado.

En ese orden, exhorta al Estado Salvadoreño, a cumplir en su totalidad la

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

especialmente bajo una óptica de respeto a la dignidad tanto de la niña y de los

niños desaparecidos, como de sus familias, que han sufrido por tantos años una

separación marcada por el desconocimiento de la verdad y la negación de una

justicia efectiva. Para ello, es de superior importancia que la Fiscalía General de la

República y el Órgano Judicial agilicen las investigaciones abiertas y promuevan

una búsqueda seria sobre los desaparecidos, tal y como lo ha ordenado la Corte.

Finalmente comunica que, a partir de sus facultades constitucionales, esta

Procuraduría mantendrá un proceso de supervisión del acatamiento de la

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte

del Estado salvadoreño a nivel de todas las instancias involucradas, en el marco

de un pleno acompañamiento hacia las víctimas de los hechos señalados.

San Salvador, 11 de diciembre de 2014.

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