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Colombia se suma al acuerdo climático latinoamericano de Escazú

Colombia se suma al acuerdo climático latinoamericano de Escazú

El pacto lo han firmado ya 22 países, pero para que entre en vigor necesita ser ratificado por al menos 11 naciones. Por ahora solo cinco han depositado el instrumento de ratificación.

El Gobierno colombiano firmó este jueves (12.12.2019) el Acuerdo de Escazú, con el que se busca mejorar los derechos humanos y la protección ambiental en América Latina y el Caribe, con el compromiso de que el país sea “líder en la gestión ambiental global”.

“Haciendo referencia a nuestra Constitución, tenemos el artículo 23, que hace una especial mención al acceso a la información veraz y oportuna para todos los ciudadanos. Escazú promueve el acceso transparente a la información en materia ambiental”, manifestó el presidente colombiano, Iván Duque, al divulgar la firma del acuerdo.

Hasta el momento, el pacto lo han firmado 22 países, de los cuales solo Bolivia, Guyana, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Uruguay lo han ratificado.

“Creo que es una oportunidad y una demostración de que los colombianos podemos tener diferencias políticas e ideológicas, pero que hay temas que nos unen y el tema ambiental es uno de ellos. Se necesita una visión integral y transversal, se necesita integrar a todos los sectores que tienen impacto y huella para que todos asuman compromisos fehacientes”, agregó Duque.

En que consiste el Acuerdo de Escazu?

Según el documento compartido por la Cepal, en el que se resume el preacuerdo alcanzado en Cosa Rica, el proyecto apunta a “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.

La participación de las comunidades

El pacto, al cual suscribieron países como Argentina, Brasil, México y Venezuela,  tiene como uno de sus puntos más importante, garantizar la participación de las comunidades en tomas de decisiones que involucren a ambas partes.  Es decir, los países que firmen el tratado se comprometen a una “participación abierta e inclusiva en los procesos, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”. Dentro del texto, se explicita que ambas parte tendrán voto en la toma de decisiones.

Este punto que cae justo en medio de la crisis en Quintero y Puchunaví, donde las autoridades no han podido contener los casos por síntomas de intoxicación en la zona de sacrificio, mientras los pobladores apuntan con el dedo al cordón industrial que cerca la bahía.

Otro de los puntos que promueve el pacto, es la protección de los de los defensores de los derechos humanos y “prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones” en su contra. Según un informe de Global Witnes, 116 personas fueron asesinadas en América Latina durante 2017 por defender sus tierras y enfrentar practicas que afectan el medio ambiente.

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