Se ha tildado de aberrante el accionar de algunos políticos, por incongruencias entre los discursos y hechos consumados. Para el caso, nos referimos al Decreto Legislativo nº 743, del pasado 2 de junio, aprobado con los votos de ARENA, GANA, PDC y PCN.
La fracción del FMLN tomó una posición astuta al no votar en contra. Primero se pronunció contra el decreto de reformas a la Ley Orgánica Judicial, dijo: “El FMLN rechaza esa reforma por un sentido de respeto a normas elementales de derecho…”.
Sin embargo, guardó silencio ante lo actuado por sus diputados. Después, con argumentos banales, se negó a apoyar la derogatoria: quedó al descubierto su verdadera intención.
Por su parte, ARENA manifestó en un comunicado: “Cuando ARENA, de buena fe, dio sus votos por el decreto… lo hizo precisamente para evitar que el país entrara en una peligrosa confrontación, pues teníamos información de que la Sala de lo Constitucional declararía inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz…”. Después, adujo que ante evidentes demostraciones que la Sala de lo Constitucional no tenía la intención de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, “sino todo lo contrario, defenderla, ARENA rectifica y propone al FMLN, en aras de mantener la gobernabilidad democrática, estabilidad y armonía social, que nos acompañe en la derogatoria del decreto 743”. Aclarado: el verdadero motivo de ARENA no fue el afán de “impulsar medidas de homologación en cuanto a la votación requerida en las distintas Salas para adoptar resolución”, como se consignó en los “considerandos” del decreto.
Según noticias nacionales, fue un miembro del COENA quien emitió la directriz a sus diputados, que dos de ellos no acataron. La propuesta no concernía a razones de Estado.
En esa misma línea, algunos funcionarios hicieron eco del argumento de la “homologación”, en defensa de la reforma, para instaurar la ansiada unanimidad, incluyendo magistrados de la CSJ, que la Sala de lo Constitucional declaró inaplicable, lo que es rechazado por la Asamblea.
Respecto a su inusitada e inmediata sanción del decreto, el señor presidente dio explicaciones para justificarla, pero no fue convincente. Observemos que el ministro de Justicia y Seguridad Pública refrendó la sanción presidencial, y que, por tanto, también participó en este ya chocarrero acontecimiento. El presidente emitió comunicado y planteó la idea de posibles indebidos acuerdos, que no desvanecieron las dudas. Se dijo que miembros de la Sala se habían comprometido a no declarar inconstitucional la amnistía, sino también “a defenderla”; acusando, en tono gallardo, que se ponía en duda la actuación independiente de algunos magistrados y que constituía un hecho de alta gravedad institucional.
La Sala de lo Constitucional, frente al hostigamiento, en comunicado del 11 de junio, rechazó los infundios y exigió que los partidos ARENA y FMLN rectificaran públicamente sus declaraciones incriminatorias. Esa ilusionada petición no ha tenido respuesta. El presidente de la Sala afirmó que sus sentencias no se negociaban.
Hubo un avance: una reunión en sitio neutral entre magistrados de la Sala y varios diputados, que convinieron líneas de comunicación. Después el presidente afirmó apertura a la rectificación.
Cunde la estupefacción ciudadana: la sociedad civil, de todos matices, se pronunció indignada, acciones de protesta, conferencias de prensa, campos pagados como los del IIDC y CREE, entrevistas y editoriales, coinciden que se buscaba tender un cerco a los 4 magistrados.
Finalmente, surge que el decreto publicado no corresponde al aprobado en la Asamblea y, para complicar el entuerto, que el mismo derogó disposiciones ajenas al caso, por errores técnicos.
Entre tanto, universitarios enfloraron la estatua de la Constitución para recordar el respeto que merece.
“Cosas veredes, Sancho amigo.”
