Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho En anteriores oportunidades nos hemos quejado del mal uso de las facultades legislativas que hacen nuestros diputados, especialmente cuando se dan a la tarea de elaborar cuerpos normativos sin contenido o de imposible aplicación práctica. Por citar un solo ejemplo de vieja data, el CEJ en su momento hizo ver que la promulgación de la “Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor” no tenía más efecto jurídico que el de crear una nueva e inefectiva institución como lo era el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de Adultos Mayores. El CEJ también ha criticado que la Asamblea Legislativa publicite como logros la cantidad de leyes dictadas durante un período legislativo. La sobreabundancia de leyes intrascendentes es un problema grave en nuestro ordenamiento jurídico; no solo porque es literalmente imposible conocerlas todas, sino porque se genera una aplicación dispersa y contradictoria de la norma, poniendo en riesgo la seguridad jurídica. Una vez más estamos frente a un ejemplo claro de una ley cuyo único efecto será crear el “Instituto Nacional de la Juventud”. Nos referimos a la recientemente aprobada Ley Nacional de Juventud sobre la que el presidente de la República ya se pronunció haciendo observaciones que solo vienen a confirmar la intrascendencia de la norma. Por supuesto que no solo reconocemos sino exigimos que la juventud sea objeto de políticas de Estado que propicien su desarrollo, educación, sano esparcimiento, su incorporación a la vida productiva y su participación en política; eso es algo que se da por descontado. Pero lo que estamos diciendo es que con la promulgación de este tipo de leyes no se está contribuyendo con seriedad a que eso acontezca. Basta una rápida lectura del referido cuerpo normativo para darse cuenta del destino que tendrá el Instituto Nacional de la Juventud. Se trata de una institución cuya directiva se supone que estará conformada por 13 personas representantes de 11 diferentes sectores o carteras de Estado. Los malos ejemplos de este tipo de instituciones abundan por lo que en una situación tan crítica como la que ahora impera en nuestro país, resulta paradójico –por decir lo menos– que por una parte se esté intentando promover una reforma fiscal ante el excesivo nivel de endeudamiento que se tiene, pero que por otra se continúe incrementando el gasto corriente creando instituciones completamente innecesarias. El problema se magnifica si se considera que parte de las observaciones hechas por el presidente a esta ley pasan por hacer que esta institución dependa de la Presidencia en lugar de ser un ente descentralizado como ha sido aprobado por la Asamblea. La ley también contiene un glosario de derechos y deberes de los jóvenes que ya existen en otras leyes, más bien constituyen un enunciado de principios cuya aplicación práctica no depende de que se repitan en diferentes leyes, sino de que las instituciones que ya existen funcionen y las apliquen. Por lo demás, no se trata de derechos y deberes que sean patrimonio exclusivo de la juventud sino de los ciudadanos en general. Así, por ejemplo, la ley dice que los jóvenes tienen derecho al desarrollo humano integral, a la participación política y democrática, a la paz, a una vida sin violencia, a la justicia, a una vivienda digna, etc. En cuanto a los deberes es risible que en una ley se diga que los jóvenes están obligados a cumplir con lo prescrito en la constitución y tratados internacionales, a propiciar el amor familiar y la solidaridad, a conocer la historia nacional y respetar el medio ambiente. Como en su momento lo dijimos y ahora repetimos: las declaraciones de principios como la hecha terminan siendo una burla al pueblo. Responder Responder a todos Reenviar Haz clic aquí para Responder, Responder a todos o Reenviar.
