Centro de Estudios Jurídicos: Mejores ciudadanos, un mejor país

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
 
La co-existencia y progreso de los seres humanos y por ende de la sociedad está íntimamente vinculada con la forma en que estos se relacionan. Una vida en sociedad implica la necesidad de normas de convivencia mínimas, que permitan el intercambio recíproco y tolerante entre las personas. Estas normas pueden ser dadas por la costumbre, acuerdos mutuos o ley.
El 8 de mayo del presente año entró en vigor la “Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas”, la cual tiene por objeto el establecimiento de normas de convivencia, la preservación de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia social. Esta ley busca generar una cultura ciudadana de respeto entre las personas, basándose en la armonía, respeto, tranquilidad, solidaridad y la resolución alternativa de conflictos; así como la participación cívica entre los habitantes de los distintos municipios del país.
Una de las innovaciones jurídicas que presenta esta ley es la creación de una jurisdicción administrativa, a través del delegado contravencional municipal, que será el encargado de diligenciar el proceso administrativo sancionador ya sea de oficio, en el caso que la persona sea sorprendida en la comisión de cualquiera de las contravenciones establecidas en la ley y desarrollada en las ordenanzas respectivas; o, por medio de denuncia o aviso, cuando la persona agraviada o un tercero la realice de forma verbal o escrita. El proceso sancionatorio iniciará siempre y cuando no se logre un acuerdo a través del acto previo de la resolución alternativa de conflictos, que podrá ser diligenciada por el delegado contravencional municipal o la Procuraduría General de la República.
Algunas de las infracciones reguladas en la ley, y que merecen especial atención, son las siguientes: consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos o privados con acceso al público que no estén autorizados; impedir la libre circulación de los vehículos o peatones; colocar cualquier tipo de obstáculos o hacer de la vía pública parqueos privados; ocasionar agresiones físicas o verbales en lugares públicos o sitios expuestos al público; cruzar la vía fuera de la zona peatonal o no utilizar la pasarela; exigir retribución económica por la prestación de servicios no solicitados, tales como limpieza de parabrisas o cuido de vehículos automotores estacionados en la vía pública; botar o lanzar basura en lugares o espacios públicos; perturbar el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos por medio de volumen; quemar materiales que produzcan contaminación; exhibir en lugares públicos sin las debidas medidas de seguridad y protección, animales que por su instinto constituyan un peligro para la seguridad de las personas; omitir por parte de los dueños, limpiar los desechos fisiológicos ocasionados por animales domésticos, entre otras.
Las sanciones que regula van desde la amonestación verbal o escrita, la reparación de daños, decomisos, la realización de trabajos de utilidad pública, la imposición de multas, suspensiones de permisos y licencias, hasta el cierre definitivo del establecimiento. Nuevamente, la efectividad de esta ley estará sujeta al compromiso de las autoridades, pero el cumplimiento de sus objetivos dependerá esencialmente de los ciudadanos.
Los cambios sociales, económicos y políticos de un país dependen de sus ciudadanos, en la medida que cada uno se torna consciente de la responsabilidad que conlleva la vida en sociedad. Así, la convivencia armónica de las personas constituirá la base del progreso humano, en la medida que se acepte el cumplimiento de las normas mínimas sociales, de los principios éticos y valores morales, que hacen posible el ejercicio de los derechos de cada persona.
Un país se vuelve grande, no por sus gobiernos, sino por la calidad humana de sus ciudadanos. Todos somos responsables de construir un mejor país.

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