Centro de Estudios Jurídico / Por el Imperio del Derecho
Para nadie es desconocido que desde que se conformó la nueva y actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el sistema electoral ha cambiado de manera radical. Las ya varias sentencias de inconstitucionalidad pronunciadas en esta área por cuatro de los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional han trastocado fuertemente el esquema y funcionamiento de nuestro sistema electoral.
En esta columna hemos reconocido la independencia, valentía y seriedad con que las sentencias de la Sala de lo Constitucional han sido pronunciadas, e insistentemente se ha pedido respeto y estricto cumplimiento de las interpretaciones y mandatos que han emanado de esas sentencias. En algunos casos hemos señalado no compartir los razonamientos jurídicos externados a través de las referidas sentencias; y en más de alguna ocasión hemos hecho un llamado al criterio de oportunidad que debe estar presente en las resoluciones emanadas del máximo tribunal judicial. Pueden no compartirse los razonamientos y conclusiones de la Sala de lo Constitucional pero lo cierto es que deben cumplirse.
Los partidos políticos no se han caracterizado por esto último. Adoptando posiciones completamente contradictorias muchas veces desafiantes, diputados de las diferentes fracciones legislativas han enarbolado la bandera de la institucionalidad solamente cuando les ha beneficiado, profesado acatamiento solo de aquellas resoluciones que favorecen su estrategia electoral. Cuando las resoluciones han afectado sus intereses, el respeto a la institucionalidad desaparece transformándose en desobediencia, prepotencia y revanchismo.
Es en ese contexto que hemos llegado a la más reciente de las resoluciones pronunciadas por la Sala de lo Constitucional en materia electoral. El 7 de noviembre se declararon inconstitucionales varios artículos del Código Electoral que habían sido promulgados en una infeliz reacción de los partidos políticos contra una previa sentencia de inconstitucionalidad que implicaba admitir en nuestro sistema la posibilidad de que los votantes ejercieran el sufragio por personas y no por banderas de partidos políticos.
En efecto, esa posibilidad emergió como resultado de la primera de las sentencias de inconstitucionalidad que en materia electoral dictó la actual Sala de lo Constitucional. Se compartiera o no se compartiera el criterio de los juzgadores, lo cierto es que ya se había resuelto que en El Salvador debería permitirse que los electores votaran por los candidatos de su preferencia y no necesariamente por los candidatos preferidos por los partidos políticos. El respeto a la institucionalidad pregonado ocasionalmente por todas las fracciones políticas implicaba que desde ese mismo momento se comenzara a trabajar seriamente en legislar con miras a posibilitar esa nueva realidad.
Contrario a eso, la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones al Código Electoral que si bien desarrollaban el voto por persona, lo hacían de tal manera que este terminaba quedando sometido a la voluntad de los partidos. Las consabidas reformas al Código Electoral burlaban lo resuelto por la Sala de lo Constitucional. El resultado de la inmediata impugnación de tales reformas era en ese sentido pronosticable.
Una vez más se ha afirmado que el ciudadano debe tener capacidad de opción al momento de votar, que debe respetarse la voluntad del electorado sin que esta pueda ser tergiversada por el legislador; el elector debe poder elegir al candidato de su preferencia. Siendo esta la nueva realidad, los partidos políticos no debieran insistir en mantener el sistema electoral anterior sino que en lugar de ello deberían tomar las medidas necesarias para acoplarse a los desafíos que les genera esta nueva realidad. En lugar de estar discutiendo malabares legislativos contrarios a lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, deben preocuparse ahora por brindar a sus candidatos las oportunidades necesarias para ser reconocidos y premiados por sus electores.
