Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
Es del conocimiento público que la mayoría de las acciones de varios bancos nacionales se adquirió por conglomerados foráneos, los que ahora, con otros nombres, están bajo el dominio de inversionistas colombianos, ingleses, norteamericanos, etc. También compañías extranjeras o sus filiales en el país, compraron las acciones de las administradoras de fondos de pensiones y otras entidades del sistema financiero.
Frente a ese hecho histórico, apoyamos la creación de un mecanismo jurídico más fuerte, de mayor poder, la nueva Superintendencia del Sistema Financiero, SSF.
En el Diario Oficial del 2 de febrero pasado, aparece publicada la denominada “Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero”, la cual, a partir de su vigencia en agosto 2011, fusionará las actuales Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Valores y Superintendencia de Pensiones. Dicha Ley crea un marco institucional contralor de las empresas del sistema, a fin de propiciar una adecuada gestión ante los riesgos eventuales, altos estándares de calidad, protección de los depositantes, asegurados, inversionistas, y cotizantes, en suma, la aplicación del derecho.
En tanto la SSF velará por el buen funcionamiento de las participantes del sistema financiero, corresponderá al BCR aprobar el marco normativo técnico.
La SSF tendrá como autoridades superiores a un Consejo Directivo, un superintendente y cuatro superintendentes adjuntos, nombrados al más alto nivel ejecutivo, con amplias atribuciones.
Si bien hay reticencias, los entes fiscalizados contribuirán al financiamiento de la SSF, en relación a los servicios recibidos, pagando mensualmente al Banco Central, que determinará el monto del pago en base al Art. 85 de esa Ley.
Dos luces amarillas deben ser encendidas: la primera , considerando que las entidades financieras más importantes pertenecen ahora a conglomerados globalizados con matrices en Estados Unidos, Canadá, Londres, Bogotá, etc. se observa en la necesidad ostensible, en adición a la supervisión local, de contar con suficientes herramientas (mediante convenios, acuerdos y otros), que permitan acceso a información sobre su situación financiera en el exterior, para lo cual la consolidación de una institución del país con presencia internacional es primaria.
Nuestro país se salvó de ser mayor víctima de la crisis financiera mundial por tres casualidades negativas: una, que nuestros bancos tienen muy poca participación, en su portafolio, de activos no crediticios del tipo de inversiones de riesgo que arrastraron a sus hermanos mayores; otra, que nuestro mercado accionario es limitado y nuevo, en el cual la complejidad de los documentos transados es muy poco especulativa; y, finalmente, que a nuestro sistema de pensiones no se le había autorizado la inversión en valores o acciones en el extranjero.
La fusión, debe fortalecer al regulador local, frente a las entidades reguladoras extranjeras, a fin de cumplir con su labor, para lo cual la nueva institución debe ser sólida y fuerte, con elevada capacidad técnica e independencia política.
La segunda luz amarilla es la relación de la nueva Superintendencia con el Banco Central de Reserva, considerando los problemas que podrían surgir, por ejemplo cuando la responsabilidad de pagar los platos rotos por una intervención tardía o inoportuna recaiga en el Superintendente.
La integración es necesaria, es un paso significativo apoyado por las fracciones legislativas. Procuremos que esta Ley, cumpla con los dos objetivos aludidos: forjar una nueva institución de prestigio frente al concierto mundial de entes reguladores; y garantizar que sea capaz de actuar con rigor, oportunidad y eficacia, con base en las facultades conferidas. Estaremos atentos a fin de verificar que el contenido de la Ley sea aplicado en igualdad de condiciones y por el bien del país.
