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Centro de Estudios Jurídicos: Fiesta en la Asamblea Legislativ?a

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
Lo que había sido un secreto a voces con relación a la inveterada práctica partidaria de crear de forma desmesurada plazas de toda índole en la Asamblea Legislativa, se confirmó cuando a principios de este año el actual presidente de ese Órgano del Estado manifestó públicamente que el número de plazas en la Asamblea se había incrementado de manera significativa durante el último ejercicio.
El presidente de la Asamblea Legislativa afirmó que existían casi 1,700 plazas, de las cuales el 68% correspondía a las fracciones legislativas, y tan solo el 32% correspondía a plazas institucionales, lo cual dicho en términos claros y sencillos implica que para ese entonces más de 1,150 de plazas estaban asignadas a los 6 partidos políticos que hoy conforman la Asamblea Legislativa; en esa misma oportunidad se anunció que se tomarían las medidas correctivas necesarias para revertir esa gravísima distorsión.
Varios meses después y a pesar de la crítica situación que afrontan las arcas del Estado, los partidos políticos siguen negándose vehementemente a cambiar su status quo, siguen negándose a reestructurar las plazas de manera justa, razonable y acorde con nuestra realidad económica, favoreciendo con ello a sus simpatizantes, amigos, familiares, candidatos, fundadores y otros miembros de sus respectivos partidos, que por una u otra razón han cesado en sus empleos o cargos previos.
De esto ninguno de los partidos políticos está exento de culpa. Muy por el contrario, todos han promovido en uno u otro momento la contratación desmedida e innecesaria de personal, al grado que algunos de los diputados llegan a tener la frescura de decir que no se les puede criticar esta práctica, porque es algo que todos los demás partidos hacen y que todos conocen.
El descaro con este tema ha quedado aún más al descubierto durante las recientes discusiones para aprobar el presupuesto de la Asamblea, el cual dicho se incrementará en casi tres millones de dólares que se dicen necesarios para implementar el programa de modernización y construcción de un nuevo –y completamente innecesario– Palacio Legislativo. En estas discusiones se propuso normar a nivel de Reglamento, los límites o proporciones que debían aplicarse a cada fracción política, para evitar que el número de plazas continuara incrementándose sin ningún control ni justificación.
Las reacciones ante esta propuesta han sido de diferente naturaleza, todas ellas reflejo de la insistencia en conservar el status quo y no renunciar a lo que muchos diputados piensan que es una especie de derecho adquirido. Pero quizá lo más sorprendente y reprochable es que uno de los diputados que participó en estas discusiones en algún momento se atreviera a decir: “Estos temas propios de la Asamblea se deben discutir con mucho tacto porque la fiesta es aquí adentro, no es afuera”, y agregó: “Si las cosas salen, las pedradas son para todos”.
Semejante afirmación no puede ser ignorada ni debe quedar sin consecuencia alguna. Ya se sabía pero ahora nos lo dicen en la cara, que la crisis económica no ha llegado nunca a las puertas de la Asamblea Legislativa porque los diputados han estado en fiesta con el dinero que pagan los salvadoreños que sí trabajan y que sí quieren sacar adelante este país.
El diputado se equivoca gravemente cuando dice que estos son temas propios de la Asamblea Legislativa; a toda la sociedad interesa y concierne saber en qué se gastarán los diputados más de 56 millones de dólares para el año 2012, cuánto ganan, cuántos empleados, colaboradores y asesores tienen los diputados, quiénes son y en qué asesoran.
Es más que evidente la urgencia de que la Ley de Acceso a la Información Pública y sus respectivos Reglamentos comiencen a aplicarse

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