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Centro de Estudios Jurídicos: Crisis ecológica

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
 
Es deber del Estado proteger los recursos naturales y la diversidad e integridad del medio ambiente. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley (art. 17 Cn.). La responsabilidad estatal de una política nacional del medio ambiente, al tenor de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Medio Ambiente de 1998, es enfática en determinar como obligación del Estado la tutela, promoción y defensa activa y sistemática del derecho de todos los habitantes a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se pretende asegurar la armonía entre los seres humanos y la naturaleza.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha lanzado una “consulta pública para la política nacional del medio ambiente”, para que todos podamos sugerir ideas respecto a la acción estatal en este campo, incluyendo una estrategia nacional y un plan de acción, lo cual motiva al CEJ para sumarse a los llamados de urgencia por la gravedad de la crisis que afecta al país.
Los diagnósticos son gravísimos: los ríos están contaminados por descargas de aguas residuales, quemas, deforestación, vertimiento de sustancias químicas peligrosas, desechos de bolsas plásticas, todo tipo de basura y agotamiento de los mantos acuíferos.
Además, el cambio climático global tiene notables impactos no solo en el mundo sino también en nuestro territorio, con fenómenos naturales crecientes o novedosos, como huracanes, lluvias torrenciales irregulares o sequías totales en algunas zonas del país.
En folleto sobre consulta pública del MARN se consigna que la organización alemana Germanwatch colocó a El Salvador en el primer lugar de su índice de Riesgo Climático 2009; también, que en el Informe 2010 del Fondo Global para la Reducción de Desastres y la Recuperación, El Salvador encabezó la lista de países de mayor riesgo en el mundo, pues un 88.7% del territorio es zona de riesgo. El país también es altamente vulnerable por las inundaciones y los terremotos recurrentes. Corresponde al Órgano Ejecutivo formular la política nacional del medio ambiente, que debe actualizarse cada cinco años; sin embargo solamente en una ocasión, el 21 de septiembre de 2000, se aprobó una política nacional del medio ambiente, que no logró encaminar adecuadamente la acción del Estado.
No es dramatizar el llamado a las autoridades gubernamentales para poner énfasis prioritario en el diseño de las políticas orientadas a objetivos precisos, como enfrentar los daños en el medio ambiente procedentes de fenómenos naturales y de actividades humanas; necesitamos planes concretos y medios efectivos ante el cambio climático y la prevención de desastres.
El desafío es inmenso y demanda emprender innumerables proyectos, en cooperación con autoridades locales y organismos no gubernamentales.
Por ejemplo, el estudio para saneamiento ambiental según el MARN, concluyó que el 90% de las muestras de agua no puede potabilizarse por métodos convencionales, por el alto grado de contaminación. El manejo de los desechos impone construcción de rellenos sanitarios y plantas de reciclaje.
Necesitamos concientizar a toda la población, fomentar hábitos sociales para intentar vencer las deficientes condiciones existentes. Procurar una campaña de cultura ambiental, mejorar los hábitos de consumo, racionalizar el uso de la energía, evitar la contaminación, en fin, nuevas costumbres y actitudes humanas. Debemos prevenir los riesgos, restaurar el ambiente y la seguridad humana. Hay esbozos de conciencia en ello, pero debe trabajarse con mucho énfasis, sin fatiga, en la educación ambiental, en definitiva por mandato de ley se debe llevar adelante el sistema de coordinación institucional denominado “Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente”, el CINAMA, como estructura funcional efectiva en la evaluación y gestión medioambiental.

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