Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
El día 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, según fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003. El secretario general de Naciones Unidas destacó en su mensaje del año anterior que la corrupción es una amenaza para el desarrollo, la democracia y la estabilidad, erosionando los servicios públicos y la confianza en los funcionarios.
Una de las finalidades principales que persigue la CNUCC es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. En El Salvador, el Tribunal de Ética Gubernamental es la entidad a quien le compete prevenir, detectar y sancionar la corrupción de los servidores públicos. Sin embargo, a la fecha el tribunal se encuentra acéfalo, pues únicamente la Corte Suprema de Justicia ha nombrado a su representante en dicha entidad, habiendo transcurrido más de un mes desde que los miembros anteriores cesaron en sus funciones.
Nuestra Constitución proclama la construcción de una sociedad más justa y reconoce que la seguridad jurídica y el bien común son objetivos claves de la organización estatal, por lo que es inconcebible que en un Estado de Derecho existan circunstancias que atenten contra la institucionalidad, como lo es la acefalía en la que se encuentra actualmente el Tribunal de Ética Gubernamental, lo cual dicho sea de paso comienza a ser recurrente en varias instituciones en los años recientes.
La acefalía institucional es una figura irregular que no se encuentra normada en el ordenamiento jurídico salvadoreño, porque precisamente atenta contra los principios sobre los que descansa nuestra Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Resulta inaudito que las instituciones de las que depende el nombramiento de los miembros del tribunal –Asamblea Legislativa, Presidencia de la República, Ministerio Público y Corte de Cuentas– permitan que en El Salvador ocurra esta situación, máxime cuando al tomar posesión de sus cargos como funcionarios públicos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. El nombramiento de los cuatro miembros restantes del tribunal es una deuda de las instituciones en mención para con los gobernados, quienes pese a este impasse continúan acudiendo a esa entidad con el fin de coadyuvar en la lucha contra la corrupción en la función pública.
El retardo en la elección de funcionarios de segundo y tercer grado en El Salvador es una práctica que debe erradicarse porque la estructura orgánica del Estado no responde a intereses particulares, sino que se considera portadora de un interés público. Las instituciones a las que les corresponden dichos nombramientos tienen el compromiso de efectuarlos dentro del plazo que la ley les señala; de lo contrario incurren en flagrante violación a la legalidad.
Es paradójico que en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, la entidad encargada de combatir y prevenir el fenómeno corruptivo en El Salvador se encuentre impedida de realizar sus funciones por la omisión de las instituciones llamadas por ley a nombrar a sus miembros.
Por ello, el CEJ hace un llamado urgente a la Asamblea Legislativa, Presidencia de la República, Ministerio Público y Corte de Cuentas para que a la mayor brevedad posible nombren a los integrantes del Tribunal de Ética Gubernamental, contribuyendo así a la consolidación del Estado Constitucional de Derecho y al cumplimiento de la ley.