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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 30 de agosto de 2020.
El peligro que connotados abogados y antiguos constituyentes advierten, sobre un cambio en la Constitución, entrelazase con la política práctica que favorece dicho cambio y el cual, se produciría, sin resistencia social; por hoy, se ve sólo como ignorancia de la ley, frente a las necesidades nacionales.
El Ejecutivo ha ignorado la ley o, ha procurado torcerla hasta su quiebre, generando repetidos conflictos con la Asamblea Legislativa y con el Órgano Judicial: inicio de un cambio que terminará modificando la Constitució, en forma contraria a su mandato.
El Ejecutivo aprovechó la pandemia, para utilizar ciertas atribuciones, que excepcionalmente permite la Constitución, pretendiendo volverlas de uso cotidiano. Una es la limitación de libertad individual y otra, la limitación del régimen económico que, generando un dinamismo negativo, para los intereses del Estado, constituirá la plataforma para los futuros cambios constitucionales, por ser ya de “necesidad para el Estado y la sociedad”.
El aislamiento y la limitación de la actividad de la población, ha sido eje de las acciones del Gobierno, pretendiendo no advertir sus consecuencias: la baja en la economía y el colapso de varios sectores económicos, que hoy necesitan el auxilio estatal.
Si la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial no se imponen en el respeto a la ley; seguiríamos aún encerrados en nuestras casas, por tiempo indefinido, esperando que califiquemos para algún tipo de asistencia. El Gobierno ha intervenido en los asuntos privados al suspender los alquileres y el pago de servicios, suspendiendo la actividad productiva, alterando el orden económico y poniendo en riesgo el sistema bancario.
Debido a los gastos excesivos e incontrolados del Gobierno, se ha establecido que las necesidades de éste, son primero y, que la totalidad de los recursos del Estado, deben ser para su consumo, y que la actividad privada, tendrá que ser, en función de los intereses de éste. La falta de auditoria pública no permite establecer la responsabilidad de los funcionarios, y así gastan arbitrariamente, sin control, siguiendo la “necesidad popular”. Un ejemplo es la asistencia con alimentos, cuando ya no hay cuarentena, prometida por el Presidente.
El anuncio del Ministro de Hacienda, de que posiblemente en el mes de septiembre, no haya para pagar salarios, plantea que dependeremos, para el gasto corriente, de préstamos internacionales y que un alza de impuestos, será inminente, en una economía deprimida, por lo cual debe de esperarse mayor coacción, hacia la iniciativa privada. Esta situación puede justificar el ingreso del colón, en paridad con el dólar para las importaciones, controlado por el Ejecutivo, e implementar el “corralito”.
Si el Gobierno controla la libertad, en su libre ejercicio y también la economía, toda la vida social estará en sus manos: la libertad política quedará coartada y desaparecerá la institucionalidad.
Por ahora, se plantea un cambio constitucional en la parte orgánica, para hacer más “fluido” el desempeño del Ejecutivo. Se dará fin a la autonomía municipal, pues al restringir o cesar los fondos FODES (ya se anuncia un retraso en su pago), tendrá que haber una fusión de los mismos o, sujeción hacia el Gobierno central.
La constitución no puede reformarse hasta dentro de dos legislaturas, sin tocar los artículos pétreos y garantías constitucionales, pero como ha dicho un analista afecto al Gobierno: “la Constitución no la percibe el pueblo”, por lo que, el desprestigio a la Asamblea, justifica un cambio constitucional ante la población, para que la nueva Constitución sea aceptada sin protesta, que pueda desestabilizar al Ejecutivo.
La Constitución actual ha permitido el bienestar de que gozamos, evitando que el Ejecutivo se erija en dictadura, pero su defensa tan necesaria, depende de cada ciudadano.