La Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, revocó la sentencia absolutoria pronunciada por un Tribunal a favor de los extorsionistas de la Mara Salvatrucha, Juan Antimonio Valdez Guerrero y Israel Moisés Menjivar Ríos, acusados del delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de la víctima protegida con clave “Inocencio”; explicó el jefe de la oficina Fiscal de Santa Ana, Carlos Herrera.
Según manifestó el jefe Fiscal, la vista pública contra los extorsionistas se desarrolló el 5 de junio de 2016, en el Juzgado de Sentencia de Santa Ana, donde la resolución del tribunal fue absolutoria a favor de los imputados, en el delito de Extorsión Agravada.
La Unidad de Patrimonio Privado de esta sede Fiscal, ante la resolución interpuso Recurso de Apelación contra dicha resolución absolutoria; y el 6 de junio de 2017, la fiscalía recibió la notificación donde la Cámara revocó la resolución absolutoria, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Santa Ana, y condena a los imputados a 15 años de prisión, la cual deberán cumplir al ser capturados.
Los hechos se originaron el 4 de abril de 2015, cuando sujetos identificados con la Mara Salvatrucha, llegaron al negocio de la víctima clave “Inocencio”, y le exigieron que a partir de esa fecha debería estar colaborando con la mara, entregando $25.00 semanales, a cambio de dejarlo trabajar en su zona de control, que debería de cumplir con lo exigido ya que aquellos que se niegan simplemente los matan juntamente con su familia, y que eso lo podría pasar a él.
La víctima “Inocencio”, por temor a que los pandilleros cumplieran sus amenazas, les hizo entrega de los $25.00, y así sucesivamente siguió entregando cada semana durante los meses de abril y mayo de 2015, en cada entrega seguía siendo amenazado que de negarse lo matarían.
Posteriormente interpuso la denuncia en sede policial y se inició la investigación correspondiente, resultando que mediante pesquisas policiales se identificó a los imputados como los autores del delito investigado. Señalamiento que se reiteró en la fase judicial a los presuntos responsables de los hechos.
Fuente: FGR