El Tribunal nombrará a un especialista para analizar los movimientos de las cuentas bancarias para determinar si existieron o no ahorros, así como ingresos legales de dinero.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro admitió todas las pruebas aportadas por la defensa y la Fiscalía General de la República en el proceso judicial contra el expresidente Mauricio Funes, su hijo Diego Roberto Funes y la exprimera Dama, Vanda Pignato, demandados por presunto enriquecimiento ilícito.
Con ello, el Tribunal programó para el próximo15 de noviembre la audiencia probatoria y las magistradas consideraron que las pruebas ofrecidas cumplen con los requisitos exigidos por ley.
Asimismo informaron que se ha nombrado a una perito para realizar la auditoría financiera a los patrimonios del expresidente, de su hijo y de Pignato.
El análisis que realizaría la perito es determinar a cuánto ascendieron los ingresos y los egresos del exmandatario Funes, su hijo Diego y Pignato, durante los años comprendidos de 2009 al 2014, con base a las deducciones de ley, los salarios y cualquier otro tipo de ingreso económico.
Según la información del Centro Judicial, luego de determinar el balance de ingresos y egresos de los demandados se deberá establecer si el patrimonio familiar de ellos es conforme a los ingresos percibidos en dicho periodo y, si es posible, determinar si con esos recursos al final su función como gobernante del país, Funes hubiera ahorrado $150,223.31. Si no es así deberá detallar los montos, las inconsistencias o las diferencias.
El análisis de la perito deberá determinar, con la información aportada por el sistema financiero y el Ministerio de Hacienda, si existe algún tipo de evidencia que muestre si entre los meses de octubre a diciembre de 2009, Funes recibió $639,603.72 provenientes de los recursos captados por el movimiento “Los Amigos de Mauricio Funes”, al momento de su liquidación.
Así también deberá analizar, con la documentación agregada al proceso, el origen de los fondos obtenidos por Diego Roberto Funes, dentro del periodo comprendido del 1 de junio 2009 al 25 de septiembre de 2015, para la compra de un vehículo, así como establecer si los fondos ingresaron al patrimonio de él y cuál fue su origen.
Las magistradas expresaron que el objeto de la pericia debe recaer en la documentación incorporada al proceso remitido por la Corte Suprema de Justicia, que contiene las declaraciones patrimoniales.
Advierten que la admisión de dichas pruebas no determinará por sí mismas el resultado del juicio, ya que este será producto de un “análisis en conjunto de todas las pruebas aportadas al mismo, que se realizará al momento de pronunciar sentencia”.