Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad reiteraron su compromiso para emitir la legislación que garantice los derechos de ese sector poblacional, por ello estudian el articulado de la ley de inclusión de dicho sector.
La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad estudia el anteproyecto de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, este busca la garantía de los derechos y deberes de las personas con discapacidad y contiene las recomendaciones brindadas por las organizaciones e instituciones que participaron en los foros consultivos, organizados por esta instancia legislativa; en la actualidad dos representantes de la mesa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que aglutina a organizaciones que velan por los derechos del sector, participan en el análisis.
Hoy se abordó lo relacionado al diseño universal, que se establecerá en el artículo 39, para que las instituciones públicas y privadas remodelen, ajusten o adecuen sus instalaciones y servicios para que sean accesibles, de acuerdo a las normas de accesibilidad vigentes, progresivamente y según el plazo que establezca la ley. Además, se añade que dichas instituciones serán supervisadas por las instancias competentes en coordinación con el ente rector a fin de verificar el cumplimiento de la disposición.
En su momento, el diputado David Reyes (ARENA), presidente de la comisión, manifestó que la propuesta normativa “retrata cuáles son los derechos y deberes de las personas con discapacidad, sobre todo lo relacionado al acceso al empleo, a la educación, a la salud, al transporte público para este sector y es ahí la importancia; porque vendría a sustituir la antigua Ley de Equiparación de Oportunidades”.
En la iniciativa se plasma la necesidad de adoptar una nueva legislación que desarrolle de manera específica las obligaciones conforme a los compromisos internacionales adquiridos como Estado al adherirse a instrumentos de protección a los derechos humanos y como cumplimiento al principio de igualdad ante la ley primaria que establece que el Estado salvadoreño tiene el deber de asegurar la no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida para su mayor realización y autonomía.