Con 55 votos fue aprobada esta noche la Ley de Acceso a la Información Pública, normativa que reconoce el derecho de todo ciudadano y ciudadana a solicitar la documentación de carácter público de las instituciones gubernamentales y del Estado, a fin de contribuir con la transparencia de la gobernabilidad de El Salvador.
Entre la información que deberán proporcionar las instituciones, cuando así se les requiera, destaca: los presupuestos asignados, el listado de obras públicas en ejecución, procedimientos de selección y contratación de personal ya sea por el sistema de Ley de Salarios, contratos, jornales o cualquier otro medio, memorias de labores y contrataciones y adquisiciones adjudicadas.
“Hoy se regula un derecho humano, un derecho que teníamos que legislar, esto es un paso muy importante, un avance de la democracia, hoy regulamos el acceso a la información”, expresó el Diputado Guillermo Ávila.
“Es un desarrollo a la democracia lo que estamos aprobando hoy, se fomenta la transparencia de las instituciones y nos lleva a un paso más en la participación ciudadana”, expresó el Diputado Jaime Valdez.
El cumplimiento de esta normativa queda a cargo del Instituto de Transparencia, el cual será elegido por el Presidente de la República de una terna presentada por cinco sectores de la sociedad: sector sindical, académico (universidades), profesional, asociación de periodistas y gremiales del sector productivo, estos comisionados tendrán una vigencia de seis años y no podrán ser reelegidos.
A nivel centroamericano, El Salvador era la única nación que carecía de un instrumento legal de este tipo; para los legisladores y legisladoras la transparencia y el acceso a la información pública son condiciones básicas para una efectiva participación ciudadana, lo cual contribuye al fortalecimiento de las instituciones públicas, al mejoramiento de la calidad de la democracia y a la plena vigencia del estado de derecho.
Pablo Martínez.