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Asamblea Legislativa declara abierto el proceso y crea Comisión especial de Antejuicio contra diputado Arturo Magaña

Asamblea Legislativa declara abierto el proceso y crea Comisión especial de Antejuicio contra diputado Arturo Magaña
Por: María Teresa Gutiérrez
Jueves 24 de septiembre de 2020
Fotografía: Erick Siliezar

El Pleno Legislativo avaló la creación de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Arturo Magaña, luego de conocer el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el cual contiene el requerimiento de la Fiscalía General de la República que hace la denuncia de antejuicio, petición de desafuero y se declare ha lugar a formación de causa en contra el legislador por atribuírsele la presunta comisión del delito de homicidio culposo.

Tras aprobar el dictamen, se declara abierto el proceso de antejuicio contra el funcionario que goza del privilegio constitucional, según el artículo 125 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL). El presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, juramentó a los miembros de la Comisión Especial de Antejuicio, luego de que cada partido propusiera integrantes y fueran elegidos por votación en el Pleno.

Se designó a la diputada Marcela Villatoro (ARENA) para ejercer la función de fiscal. La Comisión Especial de Antejuicio quedó integrada por los diputados Milton Garay (FMLN), quien fungirá como presidente; Mauricio Vargas (ARENA) como secretario; como relatora la parlamentaria Sonia López (GANA) y como vocales los legisladores Edgar Escolán Batarse (ARENA), Damián Alegría (FMLN) y Mario Tenorio (GANA).

La recién conformada mesa legislativa tendrá como misión valorar las pruebas de cargo y descargo para emitir un dictamen en el que recomienden o no el desafuero, pero será el Pleno Legislativo el que votará para decidir si debe enfrentar un proceso penal en los tribunales de justicia.

La creación de la comisión se realizó con base al RIAL, que en su artículo 124 establece el procedimiento de antejuicio, luego de recibida la denuncia, enviada por el fiscal general de la República o por el juez, según sea el caso, el expediente pasará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para que dictamine si la denuncia cumple con los requisitos necesarios.

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