La Asamblea Legislativa aprobó con 84 votos la Ley Especial de Asocio Públicos-Privados durante la plenaria de este jueves. Con esta iniciativa el Gobierno busca generar mayor inversión en proyectos de infraestructura y servicios. De la ley se excluyeron los servicios públicos esenciales como el agua, educación, salud, custodia de presos y la seguridad.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 84 votos la Ley Especial de Asocio Público-Privados, iniciativa con la que el Gobierno busca generar una mayor inversión privada en el país, en proyectos de infraestructura y de servicios públicos.
“Esta Ley garantizará la seguridad jurídica al inversionista”, declaró Norma Guevara, jefa de fracción del partido FMLN. “Quedan excluidos de la Ley el agua, la UES, el ISSS, la educación, la salud, la custodia de presos y la seguridad”, aclaró la diputada Lorena Peña.
Durante la discusión de la propuesta enviada por el Ejecutivo a la Comisión de Hacienda, los diputados hicieron algunas modificaciones.
El diputado Rodolfo Parker, del partido PDC no logró los votos necesarios para que se incluyera el agua y el sistema penitenciario. Además, la petición del diputado de ARENA, David Reyes, de eliminar de las exclusiones a la Universidad de El Salvador tampoco logró el apoyo legislativo necesario. Asimismo queda fuera de la iniciativa el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Al final, todas las fracciones se mostraron satisfechas con la aprobación, “esperamos que esta ley genere empleos y se resuelvan problemas básicos para la población”, expresó el diputado Mario ponce del PCN, “el marco regulatorio ya está” (con la aprobación de la Ley), dijo el diputado Donato Vaquerano.
El proyecto de ley también establece que el mínimo para una inversión de asocio público-privado sea de $10 millones y deberá ser aprobada por los diputados. Los contratos menores a dicho monto, que no representen deuda pública y que no otorguen concesión, no deberán pasar por la Asamblea Legislativa, y serán regidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Mientras se desarrollaba la plenaria, empleados y estudiantes de la UES realizaron una marcha hacia la Asamblea Legislativa para manifestarse en contra de la ley.