La inseguridad en el país ha llegado a niveles alarmantes, las estructuras criminales han expandido su capacidad de control territorial y su accionar delincuencial les esta brindado un poder económico enrome en el que fácilmente adquieren suntuosas propiedades, armas de grueso calibre, vehículos de años recientes y compra de voluntades de jueces, policías, abogados, políticos, entre otras personas que están prestos a colaborar a cambio de remuneraciones económicas.
Recientemente en Santa Ana, un operativo denominado “Operación Tecana”, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de 93 miembros de pandillas de la Mara Salvatrucha que operaban en esta ciudad y otras personas vinculadas a las estructuras, entre ellos elementos de la corporación policial. También capturaron a un prestamista que en su caja fuerte almacenaba $10,000 y en un negocio que servía de fachada para lavar dinero la PNC incautó $34,000 en efectivo; En cuanto a los bienes incautados a la estructuras, Howard Cotto director de la PNC mencionó que se contabilizan 70 vehículos, nueve inmuebles, 41 negocios y 15 armas de fuego.
Sin duda es un duro golpe a la criminalidad, sin embargo ¿Cuántos de los detenidos serán condenados? ¿Qué hacen las autoridades para evitar que estas estructuras sigan agrupándose? Todos los operativos realizados por las autoridades tienen una ofensiva de los delincuentes, Información de Inteligencia en manos de la Fiscalía confirma la existencia de un plan por parte de las pandillas para atacar a policías, soldados y personas cercanas a ellos, según afirmó el titular de la institución, Douglas Meléndez. En lo que va del año han asesinado a 25 policías, atacándolos cuando son más vulnerables; al salir de licencia o en sus lugares de residencia.
La prevención y represión son concomitantes en seguridad, sin embargo para dimensionar los resultados en las políticas de prevención es a mediano y largo plazo; urge de medidas inmediatas que protejan a los agentes policiales cuando son más vulnerables, incluyendo también a sus familias. El impuesto a la seguridad debe enfocarse más en beneficiar a la corporación policial, debido a quienes son los que frontalmente combaten la delincuencia, son el escudo protector de una sociedad salvadoreña que ya no soporta más los embates de una delincuencia desbordada.
Preocupa mucho que el fiscal de la Republica reciba amenazas de muerte como lo confirmó a medios de comunicación: “Me han amenazado, una estructura criminal para que abandone el país, el 15 de agosto tenía como fecha máxima para irme y dejar el cargo” Pero lo más grave, según Meléndez, es que “están amenazando a mi familia, eso es complicado, porque amenazar a la familia del fiscal general es fuerte, no puede ser”.
Estas declaraciones son alarmantes; si nuestras propias autoridades encargadas de aplicar justicia tampoco están a salvo de la ola de criminalidad y delincuencia que afecta al país ¿Quién protegerá a la población civil? ¿Quién resguardará al ciudadano de a pie que diariamente se gana la vida honradamente? La seguridad pública en el país es extremadamente compleja de resolver no solamente se trata de buscar desarticular a estas estructuras criminales, sino que también de hacer una limpieza política, de todos aquellos funcionarios y políticos que se han involucrado con estos delincuentes buscando lucro personal.
Es triste conocer los beneficios que tuvo la tregua de las pandillas, mientras la población sufre a diario violencia, asesinatos y extorsiones, estos criminales gozaron de apoyo de autoridades y personajes del espectro político. Como población civil debemos exigir a todos los partidos políticos independientemente su ideología, que sean consecuentes con lo que pregonan en campaña y hacer a un lado a miembros suyos que en nada se diferencian con estos criminales.
Escrito por: Luis Enrique Contreras Reyes
@LuisSaxum